Friday, March 31, 2006

Seminario “Ilícitos financieros en un mundo globalizado”


Dura crítica al secreto bancario

El principal reproche lo hizo el ministro de la Suprema Sergio Muñoz, quien relató las dificultades que tuvo con la banca chilena y extranjera cuando sustanciaba el caso Riggs

El actual mimbro de la Corte Suprema y ex ministro que tramitó el caso Riggs, Sergio Muñoz, cuestionó ayer la Ley General de Bancos por las dificultades que impone al juez investigador cuando éste requiere información que puede ser útil para la causa que instruye.

Según el magistrado mientras estuvo a cargo de este proceso se encontró con instituciones financieras que operaban de dos formas que les permitían cerrar la entrega de datos. Por un lado, existen bancos que no poseen sucursales en Chile, una especie de “oficinas de papel”, “que reciben remesas o canalizan instrucciones en el país para efectuar inversiones en el extranjero”. Al mismo tiempo fustigó el secreto bancario.

La pregunta -explicó Muñoz- es si esto está permitido o no, pero “no me lo planteé porque no es mi función ejercer supervigilancia, eso es materia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)”.

En segundo lugar, están los bancos extranjeros que poseen sucursales en el país, continuó, “los que finalmente son entidades chilenas”. Algunas de estas oficinas tienen “al lado” un centro de negocios especialmente dirigido a clientes que efectúan grandes inversiones fuera del país. Es el caso del Citibank cuyo brazo operativo es el Citigroup Private Bank, recalcó el magistrado.

“Estos bancos tienen servicios para inversionistas de cierto nivel económico, personas que invierten de cinco millones de dólares hacia arriba”, describió Muñoz. Estas inversiones se canalizan desde Chile y luego son traspasadas a portafolios -o fondos de inversión- de mayor envergadura.

Por eso, cuando pidió antecedentes sobre las cuentas que el general (R) Augusto Pinochet, sus familiares y ex colaboradores mantenían en bancos con modalidad, tuvo problemas.

Las instituciones financieras argumentaban que, o no tenían la información requerida por ser sólo “canales”, o se amparaban en que no correspondía su entrega porque no están regidas por las leyes nacionales.

En esa oportunidad, recordó Muñoz “dije si la información está, entonces debe estar disponible”, porque en realidad lo que sucede es que estos bancos tienen “un doble estándar de oficinas y uno no sabe dónde funcionan” o si las cuentas son extranjeras o chilenas, comentó.

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